Tras aprobar la Ley Bases, el Congreso encara una segunda etapa marcada por las urgencias de las provincias y las demandas a Milei

Con estas herramientas ya sancionadas, Milei ya no podría apelar al pretexto de que “la casta” le impide gobernar, coinciden los opositores de distintas cepas. A partir de ahora, no solo deberá demostrar una gestión más activa, que se traduzca en un ajuste que afecte mucho más a la política y a la propia estructura del Estado que a la ciudadanía, sino que además será blanco de mayores demandas.

Especialmente, por parte de algunos gobernadores provinciales y de los legisladores dialoguistas, que esperan cobrar por los servicios prestados al Gobierno. Tras la sanción de la Ley Bases, tanto Milei como el Congreso ingresan en una segunda etapa, aunque por carriles separados y con agendas disímiles entre sí, lo que augura nuevos focos de conflicto. Mientras el presidente fantasea con un relanzamiento de su gestión con la llegada al gabinete de Federico Sturzenegger y su nueva “Ley Hojarasca” –un peyorativo para aludir a la maraña de regulaciones que impregnan la maquinaria estatal y que esta norma pretende eliminar-, a los gobernadores y sus terminales en el Congreso los urgen necesidades terrenales más perentorias.

Se trata de necesidades ligadas a las vicisitudes de la economía real: el retardo en la reactivación de la obra pública en las provincias; el corte abrupto en los subsidios al transporte automotor en el interior del país; el desfinanciamiento de las universidades públicas; la demora por parte de la Nación a concretar los giros a las cajas jubilatorias no transferidas a las provincias y las deudas de la Nación con las provincias por el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), suspendido por el Gobierno desde principios de año.