El gobierno puso sobre la mesa su principal carta para las elecciones: El DNU sobre la extinción de dominio. Procura responder al clamor popular sobre la necesidad de combatir una corrupción que devora. Ya veremos porqué no va a funcionar y cómo puede terminar siendo “un tiro por la culata”. En Davos reinan incertidumbre, malestar y preocupación. Venezuela en el medio de una nueva crisis mundial que tiene a Nuestra América como protagonista
¡Se acabaron las fiestas! Ahora viene la realidad y el Gobierno se puso a revisar sus archivos para ver lo que tenía para mostrar. Revisaron una y otra vez, las consultas bajaban de los ministros a los funcionarios de menor rango y de éstos volvían a los ministros, con grandes espacios en blanco. Cuando en la presidencia juntaron los datos se encontraron con que había muy poco de positivo para mostrar ¡Vaya decepción! Allí fue que aparecieron en escena los magos de la propaganda y “nada por aquí, nada por allá” sacaron de la galera el Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU- N° 62/2019. Allí se plantea la posibilidad de la “extinción de dominio” respecto de bienes que sean propiedad de personas “acusadas” de delitos provenientes de la corrupción o el narcotráfico. El gobierno sabe del hartazgo del pueblo sobre los casos de corrupción, ahora se conocen detalles sobre la no desdeñable importancia económico-financiera de los mismos. A partir que esta norma tomara estado público, el tema se convirtió en el hecho predominante en los comentarios políticos de la temporada. Se habló de sus alcances, justificaciones, constitucionalidad, posibilidad de aplicación, del escaso interés parlamentario. En fin… ¡objetivo alcanzado! En la calle, en lugar de preguntarse por el pan y las tarifas, ahora había una cuestión para debatir: la corrupción, sobre la cual el gobierno se declara ajeno. Ahora el gobierno tiene un nuevo horizonte para el debate, los propagandistas oficiales tienen un instrumento para sus campañas, sobre la eficacia y vigencia de la norma ya se verán sus límites pero, por ahora, cumple con las necesidades de sus creadores.
JUSTIFICACIONES DEL DNU Y ALCANCES DE LA CORRUPCIÓN
Es obvio que existe una profunda demanda popular para poner fin a la corrupción. Ella viene de vieja data y está arraigada en el imaginario popular, más allá que sea una verdad -no siempre comprobada- que “los políticos roban”, la inmensa mayoría del pueblo reclama por una mayor honestidad de la dirigencia. Prácticamente no hay familia que no tenga un miembro de la misma que tiene conocimientos y pruebas de algún “político” que “metió las manos en la lata”. En los momentos de crisis económica, cuando cuesta “parar la olla” (como se decía décadas atrás), este tema alcanza una importancia inusitada. En tiempos algo mejores, aquel principio de “roban pero hacen” tranquilizaba las conciencias y debilitaba los reclamos. Sobre los gobiernos políticos del progresismo cayó, en estos tiempos, el rayo fulmíneo de las acusaciones de corrupción. Más allá de la veracidad que tengan tales denuncias, es imposible no imaginar que también hay intereses económicos, ideológicos y estratégicos para desacreditar a esos gobiernos. Las denuncias que pesan sobre Lula en Brasil, Correa en Ecuador, los chavistas en Venezuela, el kirchnerismo en nuestro país, son la muestra más evidente de lo dicho.
En ese marco, el macrismo tomó esa bandera y la utilizó, con relativo éxito, en estos 3 años de gobierno. Frente a las próximas elecciones la renueva, dando otra vuelta de rosca, como lo es plantear la devolución de los bienes mal habidos. Ese reclamo ha sido fuertemente instalado constituyendo una bandera con la que esperan afrontar gran parte de la próxima campaña electoral. De ese modo confían en acorralar a la oposición poniéndola en el brete de aprobar la ley (muy difícil) o pagar el costo político de aparecer como cómplices de la corrupción.
En estos días, en llamativo paralelo con la propuesta de este DNU para la “extinción de dominio”, tomaron estado público los valores de los bienes afectados por medidas cautelares (condición necesaria para iniciar la acción civil por “extinción de dominio”) en diferentes causas judiciales en curso.
Según información del Ministerio de Justicia, los bienes sujetos a medidas cautelares, pedidas por la Oficina Anticorrupción, rondan los 200 mil millones de pesos. A ese monto se le podrían agregar otros 600 millones de dólares vinculados a causas por narcotráfico. La contundencia de las cifras hablan por sí mismas.
LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTE DNU
Hasta ahora existía el criterio que solo se podían decomisar los bienes producto de acciones delictuales una vez que tal hecho estuviera definitivamente sancionado en una causa penal (Art. 23 del Código Penal). En nuestro país se consideraba, en términos generales, que eso acontecía cuando existía la “cosa juzgada”. Eso hizo que los decomisos judiciales fueran una cosa poco común y de baja incidencia, sobre todo si tenemos en cuenta que una condena penal definitiva tarda -en nuestro país- más de 10 años. Los sectores populares siempre desconfiaron de esa Justicia. Ahora el macrismo quiere sacarle jugo a ese escepticismo y plantean otro mecanismo que les cae como “anillo al dedo” para la próxima campaña. Se trata de la extinción de dominio, una especie de decomiso, pero planteado por la vía de una acción civil. Con lo cual quieren darle algún viso de legalidad, bajo el concepto que en sede penal se discute sobre la responsabilidad de las personas y en la extinción de dominio se lo hace sobre los bienes.
Así entramos en la legalidad o ilegalidad de este DNU. Aquí aparecen dos cuestiones que difícilmente permitan que este DNU alcance plena vigencia. Una, es que no existe la “urgencia” que exige el Art. 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. En efecto el gobierno tiene la posibilidad de sacar una ley por la vía legislativa. En el Parlamento está radicado el debate en torno a una ley sobre el tema. En segundo lugar, al final de la norma señalada, la Constitución le prohíbe al Presidente dictar un DNU cuando el mismo tiene que ver con cuestiones penales. El gobierno pretende salvar ese obstáculo haciendo que este juicio sea en la vía civil, pero no puede omitir su vínculo con el tema penal cuando alude que solo se podrá establecer sobre bienes donde haya medidas precautorias dictadas en sede penal.
Por todo ello es muy difícil que esta norma pueda funcionar legalmente, aunque al gobierno le alcanza con el debate de la misma. De todas maneras recuperar los bienes mal habidos por los funcionarios estatales debería ser una política de Estado. Lamentablemente es difícil que se la pueda aplicar por la convivencia solidaria de la mayor parte de las fuerzas políticas.
ESTE DNU, SU DESTINO Y LAS DENUNCIAS SOBRE ESTE GOBIERNO
Por todo lo dicho es difícil que este DNU, ya vigente, supere el estadio de un uso propagandístico. El gobierno no tiene el menor interés que este tema avance seriamente. No lo tiene porque ellos mismos podrían quedar involucrados en variados casos donde ya han sido denunciadas.
En este sentido, en estos días, circularon -por las redes sociales- variadas comunicaciones donde se menciona esa situación. En ellas se comienza destacando la frase presidencial: “Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. El que las hace las paga”. A renglón seguido se mencionan una serie de temas que estuvieron o están judicializados y que podrían caer en la órbita de este DNU. Entre esos variados casos, sin agotar el repertorio, se pueden mencionar: El perdón de la deuda por el caso del Correo argentino; las cloacas de Morón; el contrabando de autopartes de Sevel; las transferencias de parques eólicos; la Autopista del Sol; el blanqueo de capitales; los Panamá Papers. Luego de esas menciones, las redes sociales terminaban pidiendo: “Empecemos por casa”
EN DAVOS REINA LA INCERTIDUMBRE, LA CUESTION DE VENEZUELA NOS ACERCA A UN NUEVO CONFLICTO MUNDIAL
La enunciación de este tema nos interroga sobre una pregunta que brota naturalmente: ¿qué tiene que ver la reunión de empresarios en Davos con el conflicto político en Venezuela?
Resulta que ambos hechos están atados por el mismo hilo. Se trata de dos manifestaciones de la actual crisis: Una, la del modelo social, el del capitalismo de occidente, que no encuentra una salida sustentable a una crisis que se sigue prolongando. La otra, la progresiva pérdida de hegemonía mundial que padecen los Estados Unidos, como cabeza de ese modelo y de la política occidental.
En Davos, el máximo foro mundial del empresariado, al que concurren los principales líderes políticos, arrancó con serias preocupaciones. En su discurso inaugural, el Presidente del mismo reconoció la generalizada incertidumbre porque “la gente se siente insegura y ya no cree que el mundo de mañana será mejor que el de hoy”. Como una muestra de lo que ocurre los gobernantes de los principales países pegaron el “faltazo”, por razones que tienen que ver con la mencionada crisis. Donald Trump no podía asistir porque su administración está paralizada por ausencia del presupuesto; el francés Emmanuel Macron está agobiado por la presión de los “chalecos amarillos” que siguen cuestionando a su gobierno; la Primera Ministra inglesa, Theresa May, apenas si puede conservar el gobierno mientras se debate qué hacen o cómo salen de la Unión Europea. En la misma reunión el Presidente Brasileño, Jair Bolsonaro, expuso su inquietante tesis que explica los vínculos planteados entre Davos y lo que pasa en Venezuela. Allí dijo: “No queremos una América bolivariana”.
Mientras esto acontecía en Davos, nuestras tierras también eran pródigas en novedades. El miércoles 23 de enero se recordaba en Venezuela un nuevo aniversario del derrocamiento (en 1958) de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En Caracas dos grandes movilizaciones recordaban ese día marcando el inicio de una nueva etapa en la crisis de ese país. El Presidente de la Asamblea Nacional, por fuera de las normas constitucionales, se juramentó como “Presidente Encargado” para normalizar las instituciones. Estados Unidos y la OEA lo reconocieron. Once países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) del “Grupo Lima” hicieron lo propio, aunque mantienen algunas dudas y diferencias. Uruguay y México, hicieron un comunicado conjunto instando a un diálogo, sin reconocer al gobierno patrocinado por EE.UU., como tampoco lo han hecho la mayor parte de los países de África. Asia y Oceanía. Contra la opinión de Rusia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha tomado cartas en el asunto. La unión Europea ha instando al diálogo, perspectiva que ha sido reivindicada por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero con el paso de las horas la situación tiende a agravarse. El Banco de Inglaterra se negó a entregarle al gobierno presidido por Nicolás Maduro 1.200 millones de dólares -en oro- que allí tiene depositados la República Bolivariana de Venezuela. Al mismo tiempo España y Francia han comunicado que Maduro tiene 8 días para convocar a nuevas elecciones y en caso contrario “podrían reconocer” al gobierno de la Asamblea Nacional. Horas después, Alemania adhirió a esa posición.
La gravedad del reconocimiento inicial de la OEA y los países del “Grupo Lima” se manifiesta en tres sentidos complementarios: Por un lado rompe con la tradición de la Doctrina Estrada (quien fuera un Canciller mejicano), según la cual no cabe interferir en las cuestiones internas de nuestros países; la decisión de esos países adhiere –en los hechos- a la Doctrina Monroe (un Presidente norteamericano) que sostenía “América para los americanos” (…obviamente los del Norte); por último esa decisión abre las puertas a otras definiciones que nos colocan ante los riesgos de injerencias e invasiones que pueden llevar a una guerra que pagarán con su sangre los hijos de estas tierras. Estos riesgos son tales que China y Rusia advierten a los EEUU que su política es un camino hacia el caos y la destrucción del Estado venezolano, con los riesgos que ello supone.
La “casual” presencia del Papa Francisco en esa zona, en su prolongada visita a Panamá, da una idea que la Iglesia pondrá su influencia y capacidad negociadora para evitar un choque de esa naturaleza.
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