Luego de la victoria conseguida por el gobierno de Michel Temer en la comisión del Senado que analizó su denuncia, donde consiguió una recomendación en contra del proceso, el Poder Ejecutivo fue acusado de gastar casi u$s 5 mil millones para comprar apoyos en el grupo legislativo, a través de la entrega acelerada de recursos, hecho que el Gobierno deslindó de motivaciones políticas y calificó como un procedimiento constitucional.
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