Corrientes.- La Fiscalía General de Corrientes y el Ministerio Público ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de la Nación pidieron el apartamiento del magistrado federal Carlos Soto Dávila en la causa que investiga una ruta de “turismo sexual” mediante la cual jóvenes misioneras eran prostituidas por una red en al menos dos cabañas de esta localidad. La organización fue desarticulada en septiembre último y derivó en la detención de dos mujeres misioneras, dos hombres y el rescate de al menos once jóvenes oriundas de la provincia. Los representantes del Ministerio Público exigieron el apartamiento de Soto Dávila de la causa por “gravedad institucional”, cimentada en dos razones principales: para ellos, el magistrado “dejó dormir” la causa durante tres años y siete meses, pero además un mes después del procedimiento liberó a tres de los cuatro involucrados sin valorar las pruebas contenidas en el expediente.
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